Underanchor

Aviso legal

Información que exige el artículo 10 de la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI).

1. Titular del servicio

Nombre o razón social
Jose Fernandez Franco
Correo de contacto
contacto@underanchor.com
Sitio web
https://underanchor.com

2. Objeto

Underanchor (en adelante, «el servicio») es una herramienta para redactar documentos científicos en LaTeX en la que cada afirmación se enlaza («ancla») a un párrafo concreto de un PDF fuente que sube el propio usuario. El servicio no incluye ni ofrece ningún modelo de inteligencia artificial: quien quiera usar una IA la conecta él mismo, con su propia cuenta.

3. Condiciones de uso

El uso del servicio se rige por los Términos de uso y la Política de privacidad. Al crear una cuenta, el usuario declara tener 16 años o más y aceptarlos.

4. Propiedad intelectual e industrial

El código del servicio, su diseño, sus textos y su nombre pertenecen al titular, salvo los componentes de terceros, que se usan bajo sus licencias y se enumeran en Licencias de terceros. Todos los derechos reservados.

El contenido que sube el usuario (PDF, textos, comentarios, subrayados) sigue siendo suyo o de sus titulares; el servicio solo lo aloja y lo procesa para prestárselo (ver los Términos de uso).

5. Marcas de terceros y falta de afiliación

Underanchor no está afiliado, patrocinado ni respaldado por Anthropic (Claude), OpenAI (ChatGPT), Crossref, Google ni por ninguna editorial. Claude, ChatGPT, Crossref y Google son marcas de sus respectivos titulares y se citan únicamente para indicar compatibilidad.

6. Contenido ilícito y contacto

Quien crea que algún contenido alojado en el servicio es ilícito puede avisar desde la página de denuncias (Reglamento (UE) 2022/2065, Reglamento de Servicios Digitales). Ese mismo correo de contacto es el punto de contacto para las autoridades y para los usuarios (artículos 11 y 12 del Reglamento).

7. Legislación y jurisdicción

Estas condiciones se rigen por la ley española. Para cualquier controversia con un consumidor serán competentes los juzgados y tribunales de su domicilio; en los demás casos, los españoles que correspondan según la ley.